El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones deja una serie de claves y objetivos. Entre ellos, dar confianza a los ciudadanos, a los trabajadores y a los inversores. Es un acuerdo que permite sumar esfuerzos para superar los desafíos a los que se enfrenta la economía española.
El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado un gran acuerdo que engloba:
La reforma de las pensiones.
La reforma de las Políticas Activas de Empleo.
La Formación Profesional.
La negociación colectiva.
La política industrial.
La política energética.
La política de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
Un acuerdo pensado para sumar esfuerzos, ya que enriquece las reformas del Gobierno con las ideas de los sindicatos y los empresarios.
Un acuerdo para avanzar juntos, con un compromiso recíproco en torno a las reformas y sus objetivos.
Un acuerdo, en definitiva, para dar confianza a los ciudadanos, a los trabajadores y a los inversores.
La reforma de las Políticas Activas de Empleo
La reforma de las Políticas Activas de Empleo busca:
Preparar a los parados para mejorar su acceso al mercado laboral.
Dar respuesta a las necesidades laborales de las empresas.
Lograr que los Servicios de Empleo sean el mejor instrumento para conectar a trabajadores y empresas.
Dos tipos de medidas
Este acuerdo contiene dos tipos de medidas:
Mediadas estructurales para transformar y reforzar los Servicios Públicos de Empleo y para redefinir los programas de políticas activas de empleo y la formación profesional incluida en ellos.
Un plan de choque que se aplicará ya en 2011, con dos tipos de acciones: Medidas para estimular la contratación de jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración, y un programa para la recualificación profesional y ayuda económica para las personas que hayan agotado su protección por desempleo.
Dirigido a jóvenes y parados
Este plan de choque está dirigido a jóvenes y parados de larga duración.
Consisitrá en que durante el primer año de vigencia de este plan, las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, con una jornada que oscile entre el 50% y el 75% de la considerada completa, tendrán una importante reducción de cuotas de cotización a la Seguridad Social:
Del 100% para empresas con menos de 250 trabajadores.
Del 75% para empresas con más de 250 trabajadores.
Estas reducciones se aplicarán a los contratos a tiempo parcial tanto si son temporales como indefinidos.
El contrato deberá tener, como mínimo, 6 meses de duración.
Habrán de ser puestos de trabajo nuevos, no para sustituir a otros trabajadores que la empresa ya tenga en su plantilla.
El plan de choque para las personas que hayan agotado sus prestaciones estará vinculado a la formación y combinará las medidas de recualificación y una ayuda económica próxima a los 400 euros, durante seis meses, cuando cumplan los requisitos para percibirla.
Negociación colectiva
El acuerdo social incluye un acuerdo bipartito entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva.
En este aspecto destaca:
La reforma que se propugna parte del principio de respeto a la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva.
La negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades.
Para las confederaciones empresariales y sindicales el sistema español de negociación colectiva debe hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores.
La negociación colectiva no ha sido ajena a la crisis económica, especialmente en los últimos dos años, lo que debe llevar a los negociadores a abordar, en los convenios que se firmen, además de los criterios del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en el período 2010-2012, la adecuación a las dificultades, con el mayor realismo y celeridad, a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas.
Política industrial
El acuerdo sobre política industrial tiene como objetivo reforzar el peso de la industria en la economía española y para ello se acuerda introducir en el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020), aprobado en diciembre de 2010, varios elementos:
Mejorar y reforzar el papel de los observatorios industriales en la formulación de la política industrial.
Reforzar ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) y CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.) para mejorar la financiación a las empresas industriales
Creación de un Foro de Encuentro compuesto por el Gobierno, Organizaciones Empresariales y sindicatos y comunidades autónomas, para analizar la normativa industrial estatal y autonómica y, en el caso de detectar posibles disfunciones o solapamientos, proponer soluciones.
Apuesta por el desarrollo del vehículo eléctrico como un proyecto industrial, además de su dimensión energética y medioambiental.
Compromiso del Gobierno para abordar una reforma del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que refuerce su capacidad financiera, así como de las medidas que permitan ayudar a las empresas en su estrategia de apertura exterior.
Incorporar al Plan Integral de Política Industrial 2020 el vigente Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas.
Inclusión de políticas de infraestructuras y vivienda en los aspectos de rehabilitación urbana y de vivienda residencial, con especial atención a la mejora de la eficiencia energética.
Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), por la importancia del transporte para la competividad de la economía.
El Grupo de Trabajo de Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado con la colaboración de los Observatorios Industriales, será el encargado de hacer un seguimiento, evaluación y eventual reformulación del PIN 2020.
Política energética
El acuerdo sobre política energética se sustenta sobre la base de que la economía española debe superar la excesiva dependencia de los combustibles fósiles y configurar una combinanción de fuentes de energía sotenible en el tiempo. La estrategia energética debe alcanzar un coste razonable de la energia que no penalice la actividad de la economñia española.
Los puntos más relevantes son:
Gobierno e interlocutores sociales, a través el Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado formularán propuestas sobre el mix energético (el conjunto de fuentes energéticas con el que España cubrirá su suministro) con el horizonte 2035.
Búsqueda de una mayor electrificación de la economía española y asegurar el cumplimiento de los objetivos europeos de alcanzar el 20% de energía final renovable en 2020 y del 10% de renovables en el sector del transporte.
Elaboración de un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 que incluirá una senda indicativa para lograr los objetivos en energías renovables previstos en el mix 2020 para reforzar el liderazgo tecnológico e industrial de España en el ámbito de las energías renovables.
Impulsar el ahorro y la eficiencia energética mediante el desarrollo de un mercado de servicios energéticos.
Apoyar una mejor gestión de la demanda para que los consumidores puedan aprovechar las diferencias de precios que existen actualmente dentro de un mismo día (mucho consumo en las horas punta y muy bajo en horas valle -noches, principalmente).
Intensificar la investigación y el desarrollo de tecnologías captura y almacenamiento de CO2.
Innovación
El acuerdo en política de innovación contiene un reconocimiento explícito de la I+D+i, como el único camino para consolidar un nuevo patrón de crecimiento económico más sostenible.
Este acuerdo en innovación contempla reforzar un conjunto de actuaciones ya en marcha e impulsar otras previstas, todas ellas relacionadas con la innovación y que se han englobado en tres ejes:
El primer eje es la generación de nuevos empleos más cualificados:
Refuerzo y continuidad del Programa Nacional de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+i y del Programa INNCORPORA.
Lanzamiento de un nuevo Fondo de Capital Riesgo.
Consolidación de un empleo estable y de una carrera laboral definida para los trabajadores en actividades de I+D+i, a través de la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El segundo eje contempla la transferencia de conocimiento y cooperación público-privada, con el objetivo de que la investigación genere nuevos productos y servicios, por ello se acuerda:
Dar prioridad a la I+D+i en las políticas de Recursos Humanos de la Administración Pública, en especial a través de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado.
Potenciar la movilidad de profesionales entre organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de proyectos de I+D+i, tal como contempla la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Impulsar la cooperación público-privada en los sectores de Energía y Salud, por su repercusión en la creación de empleo y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.
Dotar de incentivos y beneficios a las empresas innovadoras de reciente creación, a través del "Estatuto de Joven Empresa Innovadora.
En el tercero de los ejes denominado impulso a nuevos sectores y a la compra pública innovadora se acuerda que:
Las licitaciones, concursos y compras realizados por las Administraciones Públicas fomentarán que las empresas (en particular las PYMES) realicen un esfuerzo por ofrecer productos y servicios de carácter innovador.
Se incrementará la difusión de los productos innovadores españoles, con el objetivo de mejorar la visibilidad de las empresas innovadoras.
Pensiones
Por último, el objetivo del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones es fortalecer el sistema público de pensiones ante los desafios del escenario demográfico y social de las próximas décadas ya que:
Elimina cualquier riesgo de desequilibrio financiero.
Potencia la solidaridad y el compromiso entre generaciones.
Garantiza las pensiones en el futuro.
El acuerdo también da confianza y tranquilidad a la sociedad española al reforzar el Estado de Bienestar.
Las principales características del acuerdo de pensiones son:
Jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión cuando se acredite un periodo de cotización que se aumentará gradualmente hasta los 38 años y medio.
Jubilación a los 67 años con el 100% de la prestación si se han cotizado 37 años.
Se mantiene la jubilación parcial a los 61 años, pero la cotización será íntegra para el trabajador relevista y para el relevado.
Se elimina el supuesto de jubilación especial a los 64 años.
Se incrementan los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral .
En jubilación anticipada:
Se podrá mantener, a partir de los 63 años, con coeficiente reductor, siempre que se acredite un mínimo de cotización de 33 años.
Excepcionalmente, en situaciones de crisis, los trabajadores se podrán jubilar a partir de los 61 años cuando hayan cotizado al menos 33 años.
En el cálculo de pensiones se pasará gradualmente a 25 años de vida laboral y el tránsito se realizará durante 10 años. El plazo de cotización mínimo seguirá siendo 15 años.
Fente : La Moncloa
El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado un gran acuerdo que engloba:
La reforma de las pensiones.
La reforma de las Políticas Activas de Empleo.
La Formación Profesional.
La negociación colectiva.
La política industrial.
La política energética.
La política de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)
Un acuerdo pensado para sumar esfuerzos, ya que enriquece las reformas del Gobierno con las ideas de los sindicatos y los empresarios.
Un acuerdo para avanzar juntos, con un compromiso recíproco en torno a las reformas y sus objetivos.
Un acuerdo, en definitiva, para dar confianza a los ciudadanos, a los trabajadores y a los inversores.
La reforma de las Políticas Activas de Empleo
La reforma de las Políticas Activas de Empleo busca:
Preparar a los parados para mejorar su acceso al mercado laboral.
Dar respuesta a las necesidades laborales de las empresas.
Lograr que los Servicios de Empleo sean el mejor instrumento para conectar a trabajadores y empresas.
Dos tipos de medidas
Este acuerdo contiene dos tipos de medidas:
Mediadas estructurales para transformar y reforzar los Servicios Públicos de Empleo y para redefinir los programas de políticas activas de empleo y la formación profesional incluida en ellos.
Un plan de choque que se aplicará ya en 2011, con dos tipos de acciones: Medidas para estimular la contratación de jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración, y un programa para la recualificación profesional y ayuda económica para las personas que hayan agotado su protección por desempleo.
Dirigido a jóvenes y parados
Este plan de choque está dirigido a jóvenes y parados de larga duración.
Consisitrá en que durante el primer año de vigencia de este plan, las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, con una jornada que oscile entre el 50% y el 75% de la considerada completa, tendrán una importante reducción de cuotas de cotización a la Seguridad Social:
Del 100% para empresas con menos de 250 trabajadores.
Del 75% para empresas con más de 250 trabajadores.
Estas reducciones se aplicarán a los contratos a tiempo parcial tanto si son temporales como indefinidos.
El contrato deberá tener, como mínimo, 6 meses de duración.
Habrán de ser puestos de trabajo nuevos, no para sustituir a otros trabajadores que la empresa ya tenga en su plantilla.
El plan de choque para las personas que hayan agotado sus prestaciones estará vinculado a la formación y combinará las medidas de recualificación y una ayuda económica próxima a los 400 euros, durante seis meses, cuando cumplan los requisitos para percibirla.
Negociación colectiva
El acuerdo social incluye un acuerdo bipartito entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva.
En este aspecto destaca:
La reforma que se propugna parte del principio de respeto a la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva.
La negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades.
Para las confederaciones empresariales y sindicales el sistema español de negociación colectiva debe hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores.
La negociación colectiva no ha sido ajena a la crisis económica, especialmente en los últimos dos años, lo que debe llevar a los negociadores a abordar, en los convenios que se firmen, además de los criterios del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en el período 2010-2012, la adecuación a las dificultades, con el mayor realismo y celeridad, a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas.
Política industrial
El acuerdo sobre política industrial tiene como objetivo reforzar el peso de la industria en la economía española y para ello se acuerda introducir en el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020), aprobado en diciembre de 2010, varios elementos:
Mejorar y reforzar el papel de los observatorios industriales en la formulación de la política industrial.
Reforzar ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) y CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.) para mejorar la financiación a las empresas industriales
Creación de un Foro de Encuentro compuesto por el Gobierno, Organizaciones Empresariales y sindicatos y comunidades autónomas, para analizar la normativa industrial estatal y autonómica y, en el caso de detectar posibles disfunciones o solapamientos, proponer soluciones.
Apuesta por el desarrollo del vehículo eléctrico como un proyecto industrial, además de su dimensión energética y medioambiental.
Compromiso del Gobierno para abordar una reforma del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que refuerce su capacidad financiera, así como de las medidas que permitan ayudar a las empresas en su estrategia de apertura exterior.
Incorporar al Plan Integral de Política Industrial 2020 el vigente Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas.
Inclusión de políticas de infraestructuras y vivienda en los aspectos de rehabilitación urbana y de vivienda residencial, con especial atención a la mejora de la eficiencia energética.
Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), por la importancia del transporte para la competividad de la economía.
El Grupo de Trabajo de Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado con la colaboración de los Observatorios Industriales, será el encargado de hacer un seguimiento, evaluación y eventual reformulación del PIN 2020.
Política energética
El acuerdo sobre política energética se sustenta sobre la base de que la economía española debe superar la excesiva dependencia de los combustibles fósiles y configurar una combinanción de fuentes de energía sotenible en el tiempo. La estrategia energética debe alcanzar un coste razonable de la energia que no penalice la actividad de la economñia española.
Los puntos más relevantes son:
Gobierno e interlocutores sociales, a través el Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado formularán propuestas sobre el mix energético (el conjunto de fuentes energéticas con el que España cubrirá su suministro) con el horizonte 2035.
Búsqueda de una mayor electrificación de la economía española y asegurar el cumplimiento de los objetivos europeos de alcanzar el 20% de energía final renovable en 2020 y del 10% de renovables en el sector del transporte.
Elaboración de un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 que incluirá una senda indicativa para lograr los objetivos en energías renovables previstos en el mix 2020 para reforzar el liderazgo tecnológico e industrial de España en el ámbito de las energías renovables.
Impulsar el ahorro y la eficiencia energética mediante el desarrollo de un mercado de servicios energéticos.
Apoyar una mejor gestión de la demanda para que los consumidores puedan aprovechar las diferencias de precios que existen actualmente dentro de un mismo día (mucho consumo en las horas punta y muy bajo en horas valle -noches, principalmente).
Intensificar la investigación y el desarrollo de tecnologías captura y almacenamiento de CO2.
Innovación
El acuerdo en política de innovación contiene un reconocimiento explícito de la I+D+i, como el único camino para consolidar un nuevo patrón de crecimiento económico más sostenible.
Este acuerdo en innovación contempla reforzar un conjunto de actuaciones ya en marcha e impulsar otras previstas, todas ellas relacionadas con la innovación y que se han englobado en tres ejes:
El primer eje es la generación de nuevos empleos más cualificados:
Refuerzo y continuidad del Programa Nacional de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+i y del Programa INNCORPORA.
Lanzamiento de un nuevo Fondo de Capital Riesgo.
Consolidación de un empleo estable y de una carrera laboral definida para los trabajadores en actividades de I+D+i, a través de la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El segundo eje contempla la transferencia de conocimiento y cooperación público-privada, con el objetivo de que la investigación genere nuevos productos y servicios, por ello se acuerda:
Dar prioridad a la I+D+i en las políticas de Recursos Humanos de la Administración Pública, en especial a través de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado.
Potenciar la movilidad de profesionales entre organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de proyectos de I+D+i, tal como contempla la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Impulsar la cooperación público-privada en los sectores de Energía y Salud, por su repercusión en la creación de empleo y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos.
Dotar de incentivos y beneficios a las empresas innovadoras de reciente creación, a través del "Estatuto de Joven Empresa Innovadora.
En el tercero de los ejes denominado impulso a nuevos sectores y a la compra pública innovadora se acuerda que:
Las licitaciones, concursos y compras realizados por las Administraciones Públicas fomentarán que las empresas (en particular las PYMES) realicen un esfuerzo por ofrecer productos y servicios de carácter innovador.
Se incrementará la difusión de los productos innovadores españoles, con el objetivo de mejorar la visibilidad de las empresas innovadoras.
Pensiones
Por último, el objetivo del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones es fortalecer el sistema público de pensiones ante los desafios del escenario demográfico y social de las próximas décadas ya que:
Elimina cualquier riesgo de desequilibrio financiero.
Potencia la solidaridad y el compromiso entre generaciones.
Garantiza las pensiones en el futuro.
El acuerdo también da confianza y tranquilidad a la sociedad española al reforzar el Estado de Bienestar.
Las principales características del acuerdo de pensiones son:
Jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión cuando se acredite un periodo de cotización que se aumentará gradualmente hasta los 38 años y medio.
Jubilación a los 67 años con el 100% de la prestación si se han cotizado 37 años.
Se mantiene la jubilación parcial a los 61 años, pero la cotización será íntegra para el trabajador relevista y para el relevado.
Se elimina el supuesto de jubilación especial a los 64 años.
Se incrementan los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral .
En jubilación anticipada:
Se podrá mantener, a partir de los 63 años, con coeficiente reductor, siempre que se acredite un mínimo de cotización de 33 años.
Excepcionalmente, en situaciones de crisis, los trabajadores se podrán jubilar a partir de los 61 años cuando hayan cotizado al menos 33 años.
En el cálculo de pensiones se pasará gradualmente a 25 años de vida laboral y el tránsito se realizará durante 10 años. El plazo de cotización mínimo seguirá siendo 15 años.
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